PUIGDEMONT Y EL CATALÁN OBLIGATORIO: UN CHANTAJE CONTRA ESPAÑA Y CONTRA LA LIBERTAD
Basta ya de engaños. Lo que ha pactado Puigdemont con el Gobierno no es defender una lengua, es imponer un chantaje a toda España. Obligar a las empresas privadas a atender en catalán en cualquier rincón del país no es proteger derechos: es atacar la libertad, la Constitución y la unidad de mercado.
¿Desde cuándo las empresas son rehenes de los caprichos políticos de una minoría separatista? ¿Desde cuándo un empresario tiene que gastar miles de euros en formar personal o rehacer sistemas de atención al cliente porque Puigdemont lo exige desde Bruselas? Esto no es democracia, esto es extorsión política.
La Constitución lo dice claro: el castellano es la lengua oficial de todos los españoles. Punto. Las demás lenguas son respetadas en sus comunidades, sí, pero nadie tiene derecho a forzar que en Madrid, en Sevilla o en Valladolid se tenga que atender en catalán. Eso es un sinsentido jurídico y un atropello al derecho de todos a vivir en un país con reglas claras e iguales para todos.
Lo que quieren es evidente: convertir las lenguas en un arma para dividir, para fragmentar, para humillar al Estado. Y lo peor es que el Gobierno cede, se arrodilla y entrega la libertad empresarial a cambio de votos en el Congreso. Están hipotecando el futuro económico del país a cambio de sobrevivir un día más en La Moncloa.
Pero que lo tengan claro: las empresas no son sus juguetes. Los españoles no somos sus rehenes. Y la Constitución no es papel mojado. Nadie, ni Puigdemont ni Sánchez ni nadie, puede pasar por encima de la libertad empresarial y de la igualdad de todos los ciudadanos.
Porque esto no es una medida lingüística: es un golpe a la libertad. Y frente a ese golpe, la respuesta debe ser firme: ni un paso atrás.
