La barbarie retransmitida en directo
Don Antonio Maura fue ministro de Gracia y Justicia entre el 4 de noviembre de 1894 y el 23 de marzo de 1895. Un periodo demasiado breve para acometer grandes reformas, aunque la inestabilidad gubernamental de aquella época convertía en habituales semejantes mandatos. Su posterior «gobierno largo», de menos de tres años, sería considerado casi una excepción. Sin embargo, durante aquellos meses tuvo tiempo para adoptar una decisión de indudable alcance civilizador: prohibir el degradante espectáculo de las ejecuciones públicas de los condenados a muerte.
Habrá quien considere que lo procedente habría sido abolir directamente la pena capital. Pero semejante castigo no constituía entonces una anomalía entre los países europeos. Suecia lo derogaría en 1921; Italia, en 1948; Alemania Occidental, en 1949; Reino Unido, en 1965, y Francia, nada menos que en 1981.
La abolición no formaba parte, por tanto, de la cultura política dominante, aunque comenzaba a abrirse paso el rechazo a su exhibición pública. Aquellos espectáculos evocaban inevitablemente a las mujeres parisinas que, durante la Revolución francesa, contemplaban cómo caían las cabezas de los aristócratas bajo la guillotina mientras se entretenían haciendo punto. Una imagen que, salvando las distancias, recuerda las ejecuciones mediante horcas suspendidas de grúas que todavía se practican en el Irán de los ayatolás.
Estas consideraciones me vinieron a la cabeza al conocer el caso de Nidal Malik Hasan, antiguo comandante y psiquiatra del Ejército estadounidense, cuya ejecución, prevista para el próximo 3 de diciembre, iba a retransmitirse en directo por iniciativa del secretario de Guerra, Pete Hegseth, hasta que Donald Trump canceló su difusión el pasado 15 de octubre.
Hasan, médico militar estadounidense de religión musulmana, estaba destinado en la base de Fort Hood, Texas, cuando, el 5 de noviembre de 2009, abrió fuego contra militares y civiles presentes en las instalaciones. Asesinó a trece personas e hirió a más de treinta. Alcanzado por disparos policiales durante el ataque, quedó paralizado de cintura para abajo.
En 2013, un tribunal militar le declaró culpable y le condenó a muerte. Hasan justificó su actuación alegando que pretendía proteger a los musulmanes afganos de las operaciones militares estadounidenses.
El pasado octubre, Hegseth anunció que sería ejecutado mediante un pelotón de fusilamiento y que el acontecimiento se retransmitiría en directo por internet. La justificación resultaba aparentemente sencilla: exhibir las consecuencias de un asesinato terrorista tendría, según el secretario, un efecto disuasorio sobre quienes pudieran plantearse cometer atentados semejantes.
La iniciativa carecía de precedentes en Estados Unidos, donde ninguna ejecución oficial había sido difundida públicamente en directo. Provocó, además, una controversia que alcanzó al propio Partido Republicano. El vicepresidente JD Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, manifestaron su oposición. También diversos representantes de la Iglesia católica rechazaron que la aplicación de una sentencia capital pudiera convertirse en espectáculo. Otros advirtieron del aprovechamiento propagandístico que las organizaciones yihadistas podrían hacer de aquellas imágenes.
Trump, que había autorizado la ejecución, terminó cancelando su retransmisión el 15 de octubre. Cabe preguntarse si le movió el rechazo moral a semejante exhibición o, más probablemente, la polvareda levantada en la opinión pública.
La sentencia, sin embargo, permanece vigente y su cumplimiento continúa previsto para el 3 de diciembre, aunque subsisten incertidumbres jurídicas. Los familiares de las víctimas podrán presenciar la ejecución si así lo desean.
Hasta aquí, la noticia de una barbaridad que pretende asentarse sobre otra.
Las democracias liberales, sustentadas en el Estado de derecho, han avanzado progresivamente hacia la abolición de la pena capital. Estados Unidos constituye una excepción significativa entre las democracias occidentales: en 27 de sus 50 estados permanece vigente, aunque su aplicación efectiva sea desigual.
La pena de muerte resulta degradante, inhumana y, sobre todo, irreversible. Ningún error judicial puede repararse cuando la sentencia se ha ejecutado. Pero convertirla, además, en un espectáculo destinado al consumo público supone recuperar algunos de los instintos más oscuros de nuestra condición humana.
Una cosa es que el Estado se arrogue la facultad de disponer de la vida de un ciudadano, incluso de quien ha cometido crímenes atroces. Otra, particularmente abyecta, es que pretenda ofrecer su muerte como entretenimiento o escarmiento colectivo, invitando a contemplarla desde la comodidad de nuestros hogares.
La tecnología habrá modificado los instrumentos de difusión, pero no la naturaleza del espectáculo. La guillotina instalada en una plaza, la horca suspendida de una grúa y el pelotón de fusilamiento retransmitido por internet responden a una misma concepción: la muerte de un ser humano convertida en representación pública del poder.
Por eso no basta con celebrar que finalmente se haya cancelado aquella retransmisión. El simple hecho de que pudiera proponerse y debatirse seriamente constituye un inquietante retroceso civilizatorio. Nos devuelve a épocas de nuestra historia que creíamos definitivamente superadas.
Y debería servirnos para reclamar, una vez más, la abolición universal de la pena capital, tanto en el Irán de los ayatolás como en la democracia estadounidense que tanto admiró Alexis de Tocqueville.
¡Ay, si el aristócrata francés levantara la cabeza! Quizá no escribiría hoy, con el mismo entusiasmo, su célebre La democracia en América.
